En el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, he venido a alzar la voz en nombre de los nicaragüenses más vulnerables: los presos políticos, quienes siguen resistiendo dentro del país, los exiliados que han debido huir para salvar sus vidas, así como las iglesias y periodistas perseguidos por la dictadura.
Uno de los temas centrales que hemos presentado es la preocupación por 120 personas oficialmente desaparecidas en Nicaragua, de las cuales 32 permanecen sin esclarecer desde 2018. Esta cifra, aunque dramática, es un subregistro: muchas familias tienen miedo de denunciar por temor a represalias. Estas desapariciones forzadas reflejan un patrón sistemático de incomunicación prolongada y traslados opacos que impiden a los familiares conocer el paradero de sus seres queridos.
He resaltado también la ausencia total de la delegación de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos. Este hecho constituye un precedente histórico: Nicaragua es el primer país que ha decidido guardar silencio absoluto ante todos los mecanismos de Naciones Unidas, negándose incluso a estar presente en las sesiones. Con ello, el régimen busca evitar las réplicas y denuncias de la sociedad civil, pero lo único que logra es confirmar su aislamiento internacional.
Desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua hemos documentado además más de 2,000 casos de ciudadanos nicaragüenses a quienes se les ha impedido abordar aviones o retornar al país, en una práctica que constituye una violación masiva del derecho a la libre circulación y que está directamente relacionada con la política de represión y control del régimen Ortega-Murillo.
Mañana se publicará un informe especial sobre la falta de cooperación del régimen de Daniel Ortega con los mecanismos de Naciones Unidas. Este informe confirmará lo que hemos venido denunciando: Nicaragua se ha convertido en un Estado fuera de toda supervisión internacional, al negarse a colaborar con el Examen Periódico Universal y con otros procedimientos especiales.
En mi intervención, he advertido con preocupación cómo Ortega involucra irresponsablemente a Nicaragua en conflictos regionales, ofreciendo respaldo político y militar a la dictadura de Nicolás Maduro. Esa postura es un acto temerario que podría tener consecuencias graves para inocentes nicaragüenses, arrastrando al país a una crisis que no le corresponde y que solo aumenta la vulnerabilidad de nuestra población.
El mensaje que hemos traído a Ginebra es claro: seguimos abogando por los nicaragüenses más indefensos, por los presos políticos, por quienes resisten en condiciones de represión extrema, y por los miles de exiliados que viven en el desarraigo forzoso. Lo hacemos convencidos de que la verdad debe ser dicha en todos los foros, y con la certeza de que la lucha por la libertad de Nicaragua está del lado correcto de la historia.
