Por Félix Maradiaga Blandón
Es un académico y activista político nicaragüense. De 2002 a 2006 fue Secretario General del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Enrique Bolaños. Maradiaga es el codirector fundador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil. Actualmente es presidente del World Liberty Congress
Usted puede contactarlo al correo: fmaradiaga@fundacionlibertad.org
Entre 1979 y 1990, Nicaragua vivió un experimento económico singular y costoso: el intento de sustituir las leyes del mercado por decretos administrativos. El Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) fue el eje de ese modelo de control, concebido por el Frente Sandinista como una herramienta para “ordenar el comercio” en nombre de la justicia social y la economía mixta. En la práctica, se convirtió en un mecanismo de coerción que regulaba, castigaba y racionaba la vida cotidiana.
En mi estudio MICOIN bajo el FSLN (1979–1990), reconstruyo la estructura legal y política de esta institución que dominó el comercio nicaragüense durante la década de los ochenta. MICOIN concentró tres funciones incompatibles en una república libre: normar, proveer y sancionar. Esa mezcla de poder generó un sistema de licencias, precios fijos, inspectores populares y tarjetas de racionamiento que sustituyeron la oferta y la demanda por órdenes ministeriales.
Arquitectura del control
El andamiaje legal de MICOIN se levantó entre 1980 y 1986 con cuatro pilares: las Licencias de Comercio, la fijación obligatoria de precios, la creación del Registro de Consumidores y la figura del Inspector Popular. El ministerio podía autorizar quién podía comerciar, qué productos vender y a qué precios. También podía decomisar mercancías con apoyo policial y suspender licencias, sin mecanismos efectivos de apelación. En nombre de la defensa del consumidor, se construyó una economía dirigida donde la discrecionalidad estatal reemplazó a la competencia y la innovación.
Este modelo se completó con una red de distribución “segura” encabezada por ENABAS y los expendios populares, que intentaban sustituir al comercio privado. Para 1983, el Estado controlaba más de la mitad de los granos básicos y el 100 % del aceite, jabón, sal y azúcar. Pero el resultado no fue el abastecimiento, sino la escasez crónica, las colas y los mercados paralelos.
La coacción administrativa
MICOIN se convirtió también en un órgano punitivo. Los inspectores populares, apoyados por la Policía Sandinista, tenían poder para sancionar o decomisar bienes bajo la acusación de “especulación”. Miles de comerciantes sufrieron confiscaciones arbitrarias. El caso documentado de Yelba Carvajal Jirón en 1989 —resuelto por la Corte Suprema de Justicia— marcó un hito: el tribunal determinó que MICOIN había actuado fuera de la ley al cancelar licencias sin pruebas de reincidencia. Fue una señal temprana de resistencia institucional frente al abuso de poder económico.
En este estudio narro la experiencia de mi familia, dueña de una pequeña cadena de tiendas, cuya mercancía fue confiscada en los años ochenta. Ese testimonio personal ilustra el rostro humano de un sistema que, en nombre de la justicia, anuló la libertad económica y condenó a miles de familias al cierre forzoso o al comercio clandestino.
Del racionamiento al aprendizaje histórico
Tras los acuerdos de paz y el cambio de gobierno en 1990, la Asamblea Nacional desmontó el andamiaje legal de MICOIN. Las leyes que sustentaban el registro de consumidores, los inspectores populares y las licencias obligatorias fueron derogadas en 1994, reconociendo sus efectos distorsionantes sobre el comercio y la libertad empresarial.
El estudio sitúa la experiencia nicaragüense dentro de una constelación socialista más amplia: Cuba, la RDA y la URSS, donde ministerios equivalentes aplicaron idénticos mecanismos de control con resultados similares. En todos los casos, los intentos de “defender al consumidor” sin mercado terminaron defendiendo precios oficiales, no derechos ciudadanos.
Una lección vigente
Una de mis conclusiones es que MICOIN fracasó no por errores de aplicación, sino por diseño: un modelo donde el Estado regula, distribuye y castiga al mismo tiempo está condenado a producir escasez, arbitrariedad y miedo. Sin embargo, advierte que la tentación de reconstruir ese esquema persiste. El control discrecional sobre permisos, importaciones o concesiones es hoy una versión moderna de aquel viejo dirigismo.
Recordar MICOIN no es un ejercicio nostálgico, sino una advertencia: cuando el poder sustituye los incentivos por órdenes, la economía deja de servir al ciudadano y se convierte en un instrumento de control político.
La historia demuestra que la libertad económica no es un privilegio, sino una condición esencial para la dignidad humana y la prosperidad de los pueblos.
