Mensaje de Félix Maradiaga
(Presidente y fundador de la Fundación para la Libertad de Nicaragua), durante la sesión informativa virtual con laicos comprometidos del mundo, en el marco de la campaña global de oración por Monseñor Rolando Álvarez y los presos políticos de Nicaragua.
Condiciones Degradantes de la Libertad Religiosa en Nicaragua: Testimonio de Félix Maradiaga
ante la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional.
(Traducción al español del testimonio virtual, brindado por el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, desde la Universidad de Stanford).
Miércoles 24 de julio de 2024.
Gracias por invitarme a testificar en esta importante audiencia y por aumentar la atención a la situación de la libertad religiosa en Nicaragua. A fin de ajustarme al tiempo que me ha sido concedido, leeré una versión resumida de mi testimonio. Para el registro, posteriormente presentaré por escrito una versión más amplia de este testimonio.
Desde sus orígenes hace décadas, el Frente Sandinista ha visto a la Iglesia Católica como una organización incómoda y, por ello, siempre ha estado sujeta a diferentes ataques. Durante los años ochenta, bajo la influencia de la teología de la liberación, el sandinismo invirtió mucha atención en desafiar la autoridad formal de la Iglesia Católica, lanzando además campañas de desprestigio y diversas formas de represión.
Hago esta referencia histórica con el propósito de establecer un hecho fundamental: el Frente Sandinista nunca ha respetado plenamente la libertad religiosa de los nicaragüenses. Con el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, y particularmente después de las protestas de 2018, la represión religiosa se multiplicó exponencialmente a niveles nunca vistos en América Latina.
Sin embargo, a diferencia de regímenes totalitarios como los de China y Cuba, la modalidad de represión religiosa que implementa el sandinismo es muy particular, ya que los ataques contra la Iglesia no se fundamentan en un intento explícito de promover el ateísmo, sino más bien en un intento obsesivo por subyugar y manipular la fe de los nicaragüenses.
El discurso hipócritamente religioso de Rosario Murillo y Daniel Ortega ha sido acompañado de intentos sistemáticos por cooptar a la Iglesia Católica.
No lo han logrado, y eso es, en parte, una de las razones de su odio desmedido. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo resiente profundamente el lugar especial que la Iglesia ocupa en el corazón de nuestro pueblo. Resienten que la Iglesia como institución y sus pastores, como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, así como cientos de sacerdotes, en comunión con la doctrina de la Iglesia, se hayan puesto del lado del pueblo y de la justicia en el contexto de las graves violaciones perpetradas por la dictadura. Esa posición moralmente correcta les ha costado cárcel, tratos inhumanos y el destierro a casi noventa religiosos católicos.
Estos intentos fallidos de influir o controlar a la Iglesia son una forma de violación de la libertad religiosa y también los han intentado con otras denominaciones religiosas. De igual forma, usando la máxima de “divide y vencerás”, la dictadura también ha intentado crear fricciones entre católicos y evangélicos. Si bien es cierto que la persecución religiosa contra la Iglesia Católica es particularmente extrema, nuestros hermanos de las iglesias morava y evangélica también sufren persecución.
En Nicaragua todo el cristianismo está bajo ataque. De las casi 3600 organizaciones que han sido arbitrariamente cerradas y muchas de ellas confiscadas, el 15% son formalmente organizaciones con una misión religiosa ya sea católica o protestante. Sin embargo, muchas otras son organizaciones con estrechos vínculos con comunidades de fe y con misiones educativas denominacionales, lo que demuestra la persecución religiosa generalizada. Hemos estimado que más de 600 mil nicaragüenses recibían algún tipo de servicio de salud, educativo o humanitario de estas organizaciones y estas personas que eran beneficiarias han quedado en vulnerabilidad ya que el estado de Nicaragua no tiene la capacidad para asumir los servicios altruistas que estas organizaciones brindaban a la población más desposeída.
Hasta la fecha, el régimen ha cerrado arbitrariamente 420 organizaciones religiosas, la mayoría de las cuales se dedicaban a ayudar a los grupos poblacionales más vulnerables a través de actividades educativas, de salud y religiosas.
Durante este mismo periodo, se han documentado más de 740 ataques directos contra la Iglesia Católica, según el estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia traicionada?” de la investigadora nicaragüense Martha Molina.
Estoy casado en un matrimonio interconfesional. Mi esposa Berta, bautista y yo católico. Ambos tenemos miembros de nuestras respectivas comunidades, perseguidos, encarcelados o en el exilio. En este momento, hay aproximadamente 30 personas privadas arbitrariamente de la libertad por sus vínculos con la Iglesia Católica, entre ellos Olessia Muñoz, Víctor Ticay y Martha Lorena Centeno. También hay once pastores evangélicos del Ministerio Puerto de la Montaña, más dos de sus abogadas, encarcelados y condenados con cargos fabricados. En base a mi experiencia personal, puedo testificar que la represión religiosa se extiende a las cárceles. Las personas que son arbitrariamente detenidas por razones religiosas, son impedidas de ejercer su fe incluso dentro de esos centros de detención, por ejemplo, al negárseles tener una Biblia, rezar en voz alta, o recibir la comunión.
La persecución religiosa es un portal a otras libertades. Cuando esa libertad se reprime, se afecta severamente la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y otras libertades. El 9 de junio, el Ministerio del Interior de la dictadura Ortega-Murillo revocó la personería jurídica de la emisora católica Radio María y confiscó todos sus bienes. Ya no existen medios de comunicación católicos que puedan operar libremente y sin censura en Nicaragua. Hasta la fecha, se han cerrado 22 medios de comunicación católicos y evangélicos, y la mayoría, además, han sido confiscados.
La paranoia de la dictadura es tan extrema que en algunas parroquias, agentes del FSLN se hacen presente a las homilías o servicios religiosos con el fin de monitorear y espiar la labor pastoral de los sacerdotes. La Iglesia, los sacerdotes, los laicos comprometidos, están en constante acoso no sólo de la policía sino se operadores de la dictadura en barrios y comarcas. Esta situación es más extrema en diócesis como las de Matagalpa, Estelí y Jinotega.
Otro ataque severo a los derechos humanos que deriva de la persecución religiosa, es la coartación de la libertad académica. Luego del cierre de la Universidad Centroamérica (UCA) y de otras organizaciones educativas, los docentes de esas instituciones han sido impedidos de ejercer su labor a menos que se subordinen a la dictadura. Algunos de estos académicos, como es el caso de la socióloga Melba Damaris Hernández está encarcelada arbitrariamente desde agosto del año pasado.
Melba Damaris, al igual que Olessia Muñoz y Víctor Ticay, es parte de los más de 65 personas que han sido llevadas a juicio amañados con cargos fabricados por ejercer su fe, por asistir a eventos religiosos o simplemente por expresar solidaridad con las personas perseguidas. Entre ellos, 22 han sido despojados de su nacionalidad y condenados a la apatridia, un crimen de lesa humanidad.
Al menos 84 sacerdotes han sido expulsados del país, forzados al exilio, impedidos de reingresar a Nicaragua y, en los peores casos, encarcelados y luego enviados al destierro. Las denuncias deben continuar respecto a la prohibición de varias órdenes religiosas y la expulsión del país de al menos 70 monjas dedicadas a actividades de fe en Nicaragua, incluyendo las conocidas Hermanas de la Caridad, las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y las Hermanas Carmelitas. Todas fueron expulsadas injustamente del país por el régimen anticristiano de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Otras formas de ataques a la libertad religiosa, incluyen la prohibición a muchas empresas privadas de ofrecer sus servicios a las iglesias. Las organizaciones religiosas, incluidas escuelas de educación primera y secundaria, siguen enfrentando el cierre de sus cuentas bancarias y son obligadas a operar bajo condiciones muy difíciles, ya que no se les permiten recibir donaciones. Además, hay un constante acoso fiscal, imponiéndoles cobros onerosos e injustos de impuestos o de supuestos permisos, todo ello con el fin de obligarlas a cerrar. Pero la parte más dolorosa de todo esto es que las personas laicas que trabajan en las pocas organizaciones que aún operan en el país son permanentemente acosadas y amenazadas con ser encarceladas.
Represión Transnacional.
Es muy importante no confundir el silencio impuesto por el régimen con signos de normalidad. Es todo lo contrario.
La represión transnacional utilizada por el régimen, junto con la intimidación continua a las familias de los sacerdotes exiliados, es un claro indicador de la gravedad de la situación. Cualquier persona que exprese una opinión contraria al régimen se arriesga a que su familia en Nicaragua sea reprimida.
La Iglesia se ha visto forzada a actuar con extrema prudencia y sigilo a fin de proteger su función pastoral dentro de Nicaragua y proteger al clero. En diócesis como la de Matagalpa, por ejemplo, se ha perdido más del 40% del clero por el exilio o la persecución.
Conclusión y recomendaciones.
*Informe del Grupo de Expertos de la ONU y posibles acciones penales.
Insto a esta comisión a adoptar las recomendaciones del grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua. Ese excelente informe, que abarca hechos ocurridos desde abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, documenta violaciones y abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y, más recientemente, contra miembros de otras confesiones cristianas. Las violaciones y abusos documentados incluyen aquellos a los derechos a la seguridad e integridad personales, a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y a un juicio justo, a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la libertad de asociación y otros derechos conexos, como el derecho a la propiedad. Ofrece además, recomendaciones sustentadas en el derecho internacional que se pueden resumir en la urgencia de que la comunidad internacional tome medidas más severas contra el regimen a fin de forzar a los Ortega-Murillo a cesar la represión generaliza. Estas medidas deberían incluir, potencialmente, acciones de carácter penal internacional.
*Acciones del Congreso y el Poder Legislativo de Estados Unidos, incluyendo la revisión del DR-CAFTA.
También insto a esta comisión a seguir trabajando estrechamente con el Congreso y el Poder Ejecutivo para mantener a Nicaragua en la lista de países de particular preocupación. En ese sentido, es crucial evaluar seriamente el hecho de que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Nicaragua como es el DR-CAFTA. Me pregunto:
¿Cómo se pueden otorgar tales ventajas a un estado que viola todos los principios básicos de los derechos humanos?
Muchos de los ataques a la libertad religiosa en Nicaragua han sido también actos confiscatorios de misiones internacionales, que se constituyen a violaciones al derecho de la propiedad privada. El Congreso también debe hacer uso de todas las herramientas legislativas que lleven a sanciones generalizadas más severas.
*Apoyo a la regularización migratoria de las personas perseguidas.
Desde mi organización, hemos estimado que al menos el 10% de los casos de asilo en Estados Unidos o búsqueda de refugios en otros países, están vinculados a la persecución religiosa. No obstante, los nicaragüenses en apatridia de facto—es decir, aquellos que no tienen un documento de viaje porque les ha sido negado por el régimen—están en una situación de vulnerabilidad y desprotección. Muy respetuosamente insto a esta comisión a trabajar de la mano con las autoridades migratorias de Estados Unidos para ayudar a acelerar los casos de asilo de las personas perseguidas por asuntos religiosos.
*Presos Políticos.
La presión internacional para la liberación de los presos políticos nicaragüenses en general, no es suficiente. El peor temor de todo preso político es ser olvidado y queremos instarles a que esas personas secuestradas no sean olvidades en los buenos oficios de esta comisión.
*Sanciones y trabajo con los aliados.
Además, Estados Unidos debe trabajar con sus aliados para ejercer más sanciones y presiones, incluyendo la ampliación de la lista de personas e instituciones sancionadas, como el ejército. Estas sanciones, como por ejemplos las leyes Magnistky existentes en varios países del mundo, no deberían venir únicamente de Estados Unidos, sino que, en la medida de lo posible, ser implementadas en coordinación con sus aliados.
El mundo debe solidarizarse con los cristianos nicaragüenses y apoyarnos en nuestra lucha cívica.
